El pasado 22 de noviembre celebramos un diálogo (im)probable con Tom Dannenbaum, profesor asociado de Derecho Internacional en la Escuela de Derecho y Diplomacia Fletcher de la Universidad de Tufts, donde también es Co-Director del Centro de Derecho Internacional y Gobernanza.
Organizado con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, este diálogo fue propiciado por el 9º Monográfico de la Revista DIECISIETE “Hambre y justicia internacional”, donde del profesor Dannenbaum publicó un artículo sobre hambre y justicia internacional.
¿Cómo fue la sesión?
En su intervención el profesor Dannebaum destacó la importancia del Derecho Internacional Humanitario (DIH) para regular los límites y líneas rojas en los conflictos, a pesar de las críticas que estas legislaciones reciben.
“¿Por qué Ucrania está invirtiendo tantos esfuerzos en mantenerse en el ámbito del derecho humanitario internacional con sus respuestas?”, planteó. Porque esto crea un marco que engloba todo lo sucedido en el conflicto y puede movilizar políticamente para buscar el apoyo internacional, añadiendo el valor instrumental de pedir ayuda humanitaria e investigaciones y actuaciones judiciales.”
Mantener la credibilidad y legitimidad es clave, explicó el profesor Dannebaum. Permanecer en el marco legal –incluso en situaciones de conflicto, como en el caso de Ucrania–, permite buscar el apoyo internacional y ayuda humanitaria. Esto es fundamental para no crear excepciones ni antecedentes. El DIH se presenta así como una herramienta crucial para abordar violaciones y crímenes en contextos de guerra.
Siguiendo esta línea de razonamiento, Dannenbaum explicó que la aplicación del Derecho Penal Internacional abarca diversas formas de violencia, pero centró su atención en el impacto de los conflictos en la seguridad alimentaria, es decir cuando millones de personas sufren escasez de alimentos como resultado directo de estrategias deliberadas, con las que los perpetradores eligen infligir ese sufrimiento a través de la privación o impedir el acceso a los recursos, buscando el sufrimiento de la población civil inocente.
El profesor compartió su método para determinar si las estrategias militares de destrucción de recursos (como edificios de almacén de alimentos o distribución de los mismos, así como panaderías o establecimientos con los que se podría acceder a alimentos), o de obstrucción en el acceso a ayuda humanitaria, incurre en violación del DIH. Según él, hay que plantear diferentes preguntas:
Pregunta 1: ¿Se está obstaculizando el acceso a alimentos? Si la respuesta no está clara o es negativa, hay que preguntarse: ¿Esta acción resultará en la obstrucción al acceso a estos bienes? Si no obstruye directamente el acceso a alimentos, pero resultará en ello, pasa a la segunda pregunta.
Pregunta 2: ¿Hay civiles entre la población afectada? Si es así, es un crimen de guerra.
En conclusión, hay "líneas rojas" que establecen la prohibición de destruir recursos vitales, como alimentos o medios de producción y distribución de alimentos; obstruir, impedir o inhabilitar la distribución de ayuda humanitaria; y prohíben también el asedio de poblaciones como estrategia militar. El hambre y la obstrucción del acceso a la ayuda humanitaria deben considerarse siempre como crímenes de guerra y están terminantemente prohibidos. Todo lo que vaya a desembocar en hambre o inseguridad alimentaria debería ser crimen de guerra. Tanto el acceso a ayuda humanitaria como la protección de bienes indispensables para la vida deben ser el objetivo de la comunidad internacional.
¿Qué podemos hacer como sociedad civil?
Entre las diferentes e interesantes preguntas que surgieron durante el diálogo, destacaron las inquietudes del público acerca de qué puede hacer la sociedad civil ante casos de violación del DIH.
El profesor Dannenbaum destacó cómo la sociedad civil y sus organizaciones tienen varias formas de enfocar este problema, todas válidas y complementarias. Unas respondiendo sobre el terreno a las necesidades con intervenciones operativas, otras llamando la atención y movilizando a la opinión pública para activar iniciativas políticas que frenen esta lacra, y por último aquellas que promueven la rendición de cuentas de los autores de hechos constitutivos de crímenes.